Un reciente informe presentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) detalla que la corrupción transnacional corroe sin distinción a todos los países y la mitad de los casos son cometidos por funcionarios de países desarrollados.
Este informe pionero —OECD Foreign Bribery Report— busca medir y describir la corrupción internacional con base en un análisis de los datos emergentes de 427 procedimientos por cohecho transnacional (263 individuos y 164 entidades) que han sido concluidos desde 1999, fecha en la que entró en vigor la Convención Anticorrupción de la OCDE, y de alguna manera mide por primera vez el delito de corrupción a escala internacional.
La dimensión del fenómeno es tan grande que representa un volumen de miles de millones anuales, según las estimaciones de la institución que dirige como Secretario General el mexicano José Ángel Gurría. De los casos investigados 80 individuos fueron a la cárcel luego de una condena por soborno a funcionario público y se aplicaron 261 multas y sanciones a individuos y compañías.
Del informe se desprende que los sobornos son pagados a funcionarios en todos los sectores y la mayoría de los sobornos internacionales son pagados por las grandes corporaciones, por lo general con el conocimiento de la alta dirección. En el 41% de los casos empleados de nivel gerencial pagaron o autorizaron el pago indebido, mientras que el presidente ejecutivo o CEO de la compañía participó en el 12% de los casos.
El hecho de que los altos ejecutivos y otros líderes en las corporaciones participan, o al menos tienen conocimiento, de la práctica de soborno de funcionarios extranjeros en la mayoría de los casos, se contradice con la percepción de que el soborno es solo el acto de malos empleados.
Una percepción común del soborno en los negocios internacionales es que los ejecutivos y compañías de las economías más desarrolladas y con más recursos sobornan a funcionarios en los países menos desarrollados para obtener lucrativos contratos. El análisis de este informe sugiere que esta percepción necesita ser revisada. De los 427 casos la mayoría de los pagos indebidos en el extranjero no fueron realizados a funcionarios públicos en países en vías de desarrollo, un 50% de los casos fueron sobornos a funcionarios en países desarrollados.
La mayoría de los sobornos, un 57 %, buscaban la adjudicación de los contratos públicos, seguido por los pagos indebidos para obtener autorización para los procedimientos aduaneros, que representaron el 12%, mientras que un 6% de los sobornos fueron pagados para obtener un trato fiscal preferencial.
El informe señala que los intermediarios, como agentes o vehículos corporativos, son utilizados en la mayoría de las transacciones corruptas. Algún intermediario participó en 3 de cada 4 casos de soborno extranjero. En el 41% de los casos estos intermediarios eran agentes, tales como agentes locales de ventas o de marketing, o distribuidores por ejemplo. Otro 35% de los intermediarios eran vehículos corporativos, tales como compañías subsidiarias, empresas ubicadas en centros financieros offshore o paraísos fiscales, o compañías donde el beneficiario final era el funcionario público que recibió los sobornos.
En los casos analizados, los sobornos llegaron en promedio a casi el 11% del valor total de la transacción, y al 34,5% de las ganancias, lo que equivale a casi US$14 millones por soborno. Según la OCDE, dada la complejidad y la naturaleza opaca de las transacciones que involucran la variable de la corrupción sin lugar a dudas esta es solo la punta del iceberg.
Casi dos tercios de los casos se produjeron en cuatro sectores: compañías extractivas (minería extractiva y petróleo), con un 19%; en el área de la construcción, 15%; en transporte y almacenamiento otro 15%; y en las compañías de la información y la comunicación, con un 10%.
Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o pagados con más frecuencia a los empleados de las empresas estatales (27%), seguidos por los funcionarios de aduanas (11%), funcionarios de salud (7%) y funcionarios del sector de defensa (6%). Los jefes de Estado y ministros fueron sobornados en un 5% de los casos, pero recibieron el 11% del total de los sobornos.
"La corrupción socava el crecimiento y el desarrollo. Los corruptos deben ser llevados ante la justicia", señaló Gurría en un discurso para la presentación del informe. "La prevención de la delincuencia comercial debe estar en el centro de gobierno corporativo. Al mismo tiempo, la contratación pública debe convertirse en sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas".
El informe también revela que el tiempo necesario para concluir los casos ido aumentando, de aproximadamente unos dos años de promedio para los casos de 1999 a poco más de siete años para los casos en la actualidad. Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los sobornadores (cohechadores) o la complejidad de las agencias de ley para investigar los casos en distintos países, entre otros factores.
Según el informe, los gobiernos de todo el mundo deben fortalecer las sanciones, hacer públicos los procedimientos legales y acuerdos extrajudiciales y reforzar la protección de los denunciantes o whistleblowers como parte de un mayor esfuerzo para abordar la enorme problemática del soborno y la corrupción, señala la OCDE. El abrumador uso de intermediarios también demuestra la necesidad de una debida diligencia y supervisión más eficaz de los programas de cumplimiento corporativos, y que los ejecutivos de las compañías prediquen con el ejemplo en la lucha contra el soborno extranjero.
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